Hay momentos en los que la política económica obliga a formular una pregunta básica, casi elemental, ¿el fin justifica los medios? La respuesta es clara: no. En una democracia con reglas e instituciones diseñadas precisamente para evitar decisiones improvisadas y arbitrarias, los medios importan tanto como los objetivos que se persiguen.
Hace unas semanas, el Gobierno Nacional declaró una emergencia económica que no cumple con los requisitos constitucionales ni cuenta con el sustento técnico que exige una medida de esta magnitud. No se identifican hechos sobrevinientes, imprevisibles o excepcionales que justifiquen el uso de facultades extraordinarias. Lo que existe es una presión fiscal conocida, advertida y ampliamente debatida.