Las Finanzas Abiertas se han convertido en una de las grandes promesas para cerrar la última milla de la inclusión financiera en Colombia. La segunda versión del proyecto de decreto sobre este tema, publicada recientemente por el Gobierno, llega en un momento decisivo para enfrentar los retos que persisten, en especial las brechas que separan el crédito rural y el acceso financiero de los jóvenes. La nueva regulación no se limita a ampliar la cobertura: propone avanzar hacia una inclusión más justa, donde los servicios financieros no solo existan, sino que respondan de manera efectiva a las necesidades reales de cada persona.
Hasta ahora, la falta de un marco específico para el intercambio seguro de datos financieros había frenado el desarrollo de soluciones verdaderamente inclusivas. Sin reglas claras que permitieran al usuario autorizar el uso de su información de forma estandarizada y confiable, los datos permanecían dispersos, restringidos y poco aprovechados. El nuevo proyecto de decreto plantea una respuesta concreta a este problema, y es la de garantizar que los datos circulen con el consentimiento expreso de su titular, de manera automática y uniforme entre entidades vigiladas y no vigiladas por la Superintendencia Financiera.