La reciente rebaja en la calificación crediticia por parte de Moody’s y Standard & Poor’s representa una señal importante de que el manejo fiscal colombiano se está alejando de la trayectoria de responsabilidad que, durante años, contribuyó a fortalecer la confianza de los mercados. Por mucho tiempo, uno de los activos más valorados fue precisamente la disciplina en la administración de las cuentas públicas, independientemente del gobierno de turno. Este compromiso le permitió al país superar momentos de incertidumbre sin perder credibilidad ni acceso al financiamiento.
Hoy, cuando este activo muestra señales de desgaste, el impacto no se limita al ámbito reputacional. Las decisiones fiscales tienen efectos concretos sobre la economía real, y la respuesta de las agencias calificadoras refleja que las señales que está enviando Colombia generan cierta preocupación. Moody’s redujo recientemente la calificación soberana de Baa2 a Baa3, ubicando al país en el último escalón del grado de inversión. Standard & Poor’s, por su parte, degradó la nota de BB+ a BB y mantuvo una perspectiva negativa que deja abierta la posibilidad de nuevos ajustes si no se adoptan medidas correctivas. Todavía está pendiente la evaluación de Fitch que seguramente no distará del criterio de las otras dos.