Durante años, buena parte del debate público sobre el ajuste fiscal se ha resuelto con una frase de cajón: “recortar gasto o subir impuestos, al final el costo es el mismo”. Un nuevo estudio que tuve el privilegio de desarrollar junto con José Ignacio López, presidente de Anif, sobre 61 episodios de ajuste fiscal en nueve economías latinoamericanas entre 1989 y 2024, construido con rigor metodológico y complementado, por primera vez en la región, con inteligencia artificial para clasificar sistemáticamente miles de páginas de informes del FMI, nos obliga a matizar esa sentencia.
La evidencia es contundente en un punto que ya sabíamos, y es que cualquier ajuste fiscal tiene un costo en materia de crecimiento. Por cada ajuste fiscal equivalente a 1% del PIB, la actividad económica se reduce cerca de 0,9% en el año de la medida y todavía deja una cicatriz de medio punto porcentual dos años después. Nada nuevo para quienes hemos defendido la prudencia fiscal como condición necesaria, aunque dolorosa, de la estabilidad macroeconómica.