En la economía, como en la vida, lo que esperamos del futuro influye en lo que hacemos hoy. Una relación, por ejemplo, puede deteriorarse cuando alguien actúa convencido de que fracasará.

Algo parecido ocurre con muchas decisiones y variables económicas, entre ellas la inflación. Si muchas empresas anticipan mayores costos y aumentan sus precios para protegerse, pueden contribuir a materializar aquello que temían. Las expectativas tienen, por lo tanto, consecuencias.

Un puente une y acorta distancias. La cultura de pago cumple una función semejante, pues construye la confianza que conecta a quienes disponen de recursos con quienes los necesitan.

Gracias a esa confianza es posible financiar una vivienda, una carrera universitaria, una inversión o un negocio. Pero ningún puente se sostiene desde un solo extremo. Las entidades financieras contribuyen a fortalecerlo con información clara y acompañamiento oportuno, mientras que los consumidores lo hacen honrando sus compromisos.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales de nuestro tiempo. Pocas veces tantas personas habían querido dar el paso de tener una casa propia y habían encontrado tantas dificultades para lograrlo. Detrás de ese deseo hay familias que llevan años ahorrando, parejas que quieren comenzar una vida juntos y personas que buscan dejar de pagar arriendo. Pero el esfuerzo no siempre alcanza. Esa distancia entre lo que las familias esperan y lo que pueden conseguir se repite en países con realidades muy distintas y revela el fondo de una crisis global. Para millones de personas, tener una vivienda adecuada es una aspiración cada vez más difícil de cumplir.

La producción agropecuaria requiere inversiones que suelen realizarse mucho antes de recibir ingresos. La compra de insumos, la renovación de cultivos y el acceso a nuevos mercados demandan financiación oportuna y ajustada a los ciclos productivos. Sin embargo, apenas dos de cada diez adultos en las zonas rurales acceden al crédito formal.

Ampliar ese acceso es una prioridad para el sector bancario y una condición para fortalecer la actividad de los cerca de dos millones de productores agropecuarios del país. Este objetivo exige coordinación entre las autoridades que definen la política pública y las entidades que financian al campo. En ese marco, sostuvimos un diálogo con el Ministerio de Agricultura y Finagro sobre las iniciativas del Gobierno y las propuestas del sector bancario para impulsar el crédito agropecuario y el desarrollo rural.

Durante los últimos 14 años, el sector financiero ha transformado la manera de acompañar a los colombianos. Ha mejorado la experiencia de sus usuarios, ampliado sus oportunidades y facilitado la financiación de sus negocios, su educación y sus metas. Esta evolución también exige fortalecer la confianza que sostiene la relación entre la banca y las personas. Cuidar los ahorros implica, cada vez más, proteger también la información y la identidad de quienes los depositan.

Detrás de muchas historias de progreso hay un crédito, el motor que permite a una familia comprar vivienda, a un emprendedor abrir su negocio o a un joven financiar su educación. La evidencia empírica lo respalda, pues los países con mayor profundización financiera, es decir, con más crédito en proporción a su PIB, crecen más y reducen más rápido la pobreza.

La transformación digital no solo está cambiando la manera en que el sistema financiero presta sus servicios. Está cambiando las reglas del juego. La inteligencia artificial, la nube y el big data redefinen procesos, decisiones, formas de gestionar el riesgo, pero también abren la puerta a nuevos espacios para el fraude.

Según Interpol, el fraude financiero está hoy entre las principales amenazas criminales del mundo, con pérdidas anuales estimadas en US$442.000 millones. En Colombia, durante 2025, la banca reportó más de 765.000 reclamaciones por fraude, por un monto superior a $967.000 millones. El 83,8% ocurrió en operaciones por internet.

El pasado 10 de agosto, Colombia vivió una de las páginas más dolorosas de su historia reciente. En apenas 90 segundos, cientos de familias perdieron seres queridos, viviendas, negocios y buena parte de lo que habían construido durante años. El país quedó profundamente golpeado. Pero, en medio de la tragedia, también emergió algo que nos define como colombianos, y es nuestra enorme capacidad de ser solidarios, de unirnos y de mantener viva la esperanza.

Hay momentos en los que un país descubre que las bondades de la infraestructura van más allá de la construcción en sí misma. Una carretera destruida puede aislar una población, un puente caído interrumpir el comercio y una red eléctrica fuera de servicio paralizar una ciudad. Pero hay otras redes que tampoco pueden detenerse, las que permiten retirar dinero, recibir una transferencia, pagar una compra, mantener abierto un negocio o disponer de los ahorros de toda una vida. El terremoto del pasado 10 de agosto nos recordó, de la manera más dolorosa, que el sistema financiero también hace parte de esa infraestructura esencial.

Hay tragedias que cambian en segundos la vida de miles de personas. Una vivienda deja de ser habitable, un negocio pierde su inventario, una carretera desaparece y una familia que hasta el día anterior tenía ingresos y estabilidad comienza a preguntarse cómo volver a empezar.

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó precisamente ese desafío en el centro y el occidente del país. Hay pérdidas, sin embargo, que ninguna reconstrucción podrá reparar. La pérdida de vidas que dejó esta tragedia nos duele profundamente. Hoy el país acompaña a sus familias y a todos los colombianos que enfrentan sus consecuencias.