En Colombia, las mipymes son el corazón del tejido empresarial. Representan más de 99% de las unidades productivas y generan cerca de 79% del empleo. Sin embargo, su acceso al financiamiento sigue siendo un desafío estructural, marcado por la informalidad, la limitada educación financiera y la escasez de información histórica. Al observar este fenómeno con enfoque de género, emerge una paradoja que el sistema financiero no puede pasar por alto.

De acuerdo con el más reciente Reporte de Inclusión Financiera de Banca de las Oportunidades, las mujeres en Colombia presentan, de manera consistente, un mejor comportamiento crediticio y menores niveles de mora que los hombres. A pesar de ello, esta ventaja no se traduce en un mayor acceso al crédito. Por el contrario, persiste una brecha de 3,5 puntos porcentuales, dado que 37,2% de los hombres accede al crédito y solo 33,7% de las mujeres lo hace.

Cuando pensamos en desarrollo, solemos imaginar una nueva carretera, un hospital, un puerto, un puente, una vivienda o una empresa que abre sus puertas. Sin embargo, detrás de muchas de estas transformaciones existen fuerzas que pasan inadvertidas, aunque sean esenciales para materializarlas. El crédito es una de ellas.

Su verdadera dimensión no se mide por los recursos que desembolsa, sino por las oportunidades que hace posibles. En el emprendedor que compra la maquinaria para multiplicar su producción; en la familia que accede a su primera vivienda; en el joven que financia sus estudios; en el agricultor que siembra una nueva cosecha; o en la empresa que abre una nueva planta y genera empleo. Reducir el crédito a una simple operación financiera es desconocer su verdadero alcance. El crédito no mueve únicamente dinero, mueve oportunidades. Permite anticipar el futuro, acercar metas y convertir proyectos en realidad.

Cuando se habla de crecimiento económico, la atención suele centrarse en las obras que se construyen, las empresas que se expanden o los empleos que se generan. Sin embargo, detrás de cada carretera, cada planta de producción, cada vivienda y cada emprendimiento existe un elemento menos visible, pero indispensable: el financiamiento.

La historia económica demuestra que los países que han acelerado su desarrollo comparten una característica: cuentan con sistemas financieros capaces de transformar el ahorro en inversión y de canalizar recursos hacia proyectos que elevan la productividad y generan bienestar. En otras palabras, el desarrollo no solo se construye; también se financia.

Cuando usted paga un café con su celular, hace una transferencia o compra un tiquete de avión para sus vacaciones, probablemente no piensa en servidores, centros de datos o ciberataques. Y es normal. Un sistema financiero funciona bien precisamente cuando el usuario no tiene que pensar en él y solo debe preocuparse por completar su compra o disponer de su dinero cuando lo necesite. Sin embargo, detrás de esa tranquilidad cotidiana se libra, cada segundo, una batalla silenciosa.

Para entender su dimensión, basta una cifra: en promedio, una entidad financiera en Colombia enfrenta 42 intentos de ataque cibernético por segundo. Esto equivale a cerca de 39.000 millones de intentos de robo de datos, intrusión o interrupción de los sistemas al año. A pesar de ello, el sistema financiero colombiano no ha sido víctima de un ciberataque sistémico. Esa es una de sus mayores fortalezas, aunque pocas veces se perciba.

Cada vez es más difícil contestar una llamada desconocida o abrir un mensaje de texto sin dudar. Lo que antes era un acto automático hoy viene acompañado de una pregunta inevitable: ¿quién está realmente detrás de esa comunicación? La inquietud no es infundada. En los últimos cinco años, el fraude digital bancario ha crecido a un ritmo promedio anual de 23,4% y hoy concentra cerca de 80% de los casos reportados por los usuarios. Frente a esta realidad, fortalecer la confianza en las comunicaciones digitales dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una prioridad de seguridad, protección al consumidor y confianza ciudadana.

Conscientes de esta problemática, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó recientemente un proyecto de resolución orientado a reducir la exposición de los usuarios a mensajes de texto (SMS) y llamadas de voz con fines fraudulentos, así como a brindar mayor transparencia sobre quién está detrás de las comunicaciones que recibimos. La iniciativa se estructura en tres ejes: el fortalecimiento de los estándares de identificación de los SMS, la seguridad de las comunicaciones telefónicas y la educación de los usuarios, junto con una mayor articulación entre los distintos actores de la industria.

Cada cuatro años el mundo parece sincronizarse alrededor de un mismo evento. Durante un mes, miles de millones de personas organizan sus horarios alrededor de los partidos, las conversaciones giran en torno a los resultados y la atención global se concentra en unas pocas ciudades. El Mundial es, sin duda, el mayor espectáculo deportivo del planeta, pero también uno de los fenómenos económicos más interesantes de observar.

Detrás de cada gol existe una enorme industria de entretenimiento en movimiento. Los derechos de transmisión, la publicidad, los patrocinios, las plataformas digitales, el turismo y el comercio asociado convierten al torneo en un motor económico global. No es casualidad que la Fifa haya obtenido ingresos por US$7.568 millones durante el ciclo mundialista de 2022. Para el Mundial de 2026, distintas estimaciones apuntan a impactos económicos que podrían superar los US$40.000 millones a escala global, una cifra similar al PIB de Paraguay.

La innovación es indispensable para ampliar la inclusión financiera, pero no puede construirse sobre excepciones regulatorias cuando está de por medio el dinero de los ciudadanos. Ese es el principal debate que abre la nueva versión del proyecto de decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), mediante el cual se habilitaría a los operadores postales a crear cuentas de depósito.

A través de estas cuentas postales, los operadores podrían recibir, mantener y administrar recursos del público. Ese es el punto que cambia la naturaleza de la discusión. El manejo de dinero de los ciudadanos no es una actividad postal, es una actividad financiera sometida a un régimen de supervisión estricto, precisamente porque, cuando algo falla, el sistema está en la capacidad de responderle al usuario. Por ejemplo, el seguro de depósitos protege el dinero de los colombianos ante la eventual liquidación de una entidad financiera.

El pasado 25 de mayo, el papa León XIV publicó Magnifica Humanitas, una encíclica dedicada a uno de los debates más importantes de nuestro tiempo: cómo preservar la dignidad humana en medio de la revolución de la inteligencia artificial. Su mensaje es profundo y oportuno. La tecnología no es buena ni mala por naturaleza, pero tampoco es neutral. Su impacto depende de los valores que la orientan, de las instituciones que la gobiernan y del propósito para el cual se utiliza. Por eso, la pregunta de fondo no es cuánta inteligencia artificial vamos a incorporar en la economía, sino qué tipo de sociedad queremos construir con ella.

El mundo enfrenta una paradoja inquietante: mientras las pérdidas económicas asociadas a desastres naturales aumentan de manera sostenida -se doblaron desde 2008 y para 2025 superaron los US$220.000 millones-, la capacidad de asegurarlas parece disminuir.

Según Swiss Re, una de las compañías de seguros y gestión del riesgo más grandes del mundo, 70% de estas pérdidas no cuentan con cobertura, ampliando una brecha que ya representa un riesgo económico global.