Colombia recibió dos avisos por parte de Standard and Poor’s en el último año. El primero se dio en junio de 2025, coincidiendo con la equivocada decisión de suspender la regla fiscal, y el segundo llegó la semana pasada con una nueva rebaja en la calificación de nuestra deuda soberana, llevándola a un nivel de BB-, la peor calificación en 30 años. Esta segunda rebaja en la calificación soberana por parte de esta calificadora no es un accidente ni un hecho aislado. Es, más bien, consecuencia de una cadena de decisiones que han ido debilitando, poco a poco, la confianza en la capacidad del país para manejar sus finanzas públicas. El margen de error se agotó.

En Colombia se ha instalado una idea tan repetida como equivocada: que cuando sube la tasa de política monetaria, la banca “gana”. Eso simplemente no es cierto. No se trata de una percepción debatible. Los propios datos oficiales demuestran que esa afirmación carece de sustento real.

Esta semana el Gobierno publicó los decretos derivados del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado recientemente. Entre ellos, expidió un decreto que modifica la relación de compra de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) y los ponderadores de la sustitución de esta inversión forzosa.

El sistema financiero colombiano cerró 2025 con un balance más sólido de lo que muchos preveían hace un año. Tras un 2023 y buena parte de 2024 marcados por contracciones reales del crédito, ajustes en balances y un entorno particularmente exigente, el sector logró estabilizarse sin comprometer su fortaleza estructural.

Colombia atraviesa una emergencia climática real. Miles de familias han sido golpeadas por las lluvias, han perdido su vivienda o su sustento y requieren respuestas rápidas y eficaces del Estado. Frente a esa realidad, el sistema financiero ha sido claro y consistente, está listo para acompañar a los damnificados, activar esquemas de flexibilización y renegociación de obligaciones y poner a disposición de Colombia todos los instrumentos que hoy permite el marco legal vigente, para lo cual estamos a la espera de los lineamientos por parte de la Superintendencia Financiera.

Este es un año electoral en Colombia y en buena parte del mundo. La política domina los titulares y marca el pulso del debate público. No es una coincidencia. De los procesos electorales depende, en buena medida, el rumbo económico de los países, la estabilidad de sus instituciones y la confianza de los ciudadanos.

La evidencia empírica es clara. Las democracias exhiben mejores indicadores de desarrollo que los regímenes que no lo son: mayor esperanza de vida, mayores niveles de alfabetización, un PIB per cápita más alto y una inclusión financiera más profunda.