El pasado 25 de mayo, el papa León XIV publicó Magnifica Humanitas, una encíclica dedicada a uno de los debates más importantes de nuestro tiempo: cómo preservar la dignidad humana en medio de la revolución de la inteligencia artificial. Su mensaje es profundo y oportuno. La tecnología no es buena ni mala por naturaleza, pero tampoco es neutral. Su impacto depende de los valores que la orientan, de las instituciones que la gobiernan y del propósito para el cual se utiliza. Por eso, la pregunta de fondo no es cuánta inteligencia artificial vamos a incorporar en la economía, sino qué tipo de sociedad queremos construir con ella.

El mundo enfrenta una paradoja inquietante: mientras las pérdidas económicas asociadas a desastres naturales aumentan de manera sostenida -se doblaron desde 2008 y para 2025 superaron los US$220.000 millones-, la capacidad de asegurarlas parece disminuir.

Según Swiss Re, una de las compañías de seguros y gestión del riesgo más grandes del mundo, 70% de estas pérdidas no cuentan con cobertura, ampliando una brecha que ya representa un riesgo económico global.

En la búsqueda de alternativas para profundizar la cartera hipotecaria, el sector suele llegar a una conclusión recurrente, y es que el modelo actual está dejando por fuera a miles de hogares con capacidad real de pago, pero que no logran demostrarla bajo los criterios tradicionales de originación. El problema no está necesariamente en la ausencia de capacidad de pago, sino en la dificultad del sistema para identificar y administrar ciertos perfiles de riesgo.

Se trata, en esencia, de un problema de elegibilidad. La informalidad laboral, los ingresos variables y la acumulación de patrimonio por fuera de los estándares convencionales de evaluación crediticia describen a millones de hogares colombianos que, aun teniendo una capacidad genuina de pago, no logran ser identificados por el sistema financiero. Esa distinción es fundamental, porque cambia por completo el tipo de solución que se requiere.

En días recientes ha circulado una narrativa que atribuye al sector financiero una supuesta falta de voluntad en la implementación del nuevo régimen de exención del 4×1.000. Esa afirmación es engañosa: desconoce los hechos, el alcance de la ley y el trabajo técnico adelantado durante más de tres años. Hace falta una parte de la historia.

La Ley 2277 de 2022 no desmontó el 4×1.000 ni creó una exención nueva. Modificó la forma de aplicar una exención ya existente para movimientos mensuales que no superen las 350 UVT y que actualmente utilizan 29 millones de personas. Hoy los colombianos siguen gozando de ese beneficio en sus cuentas marcadas. Nunca lo han perdido. Por eso, afirmar que quedaron sin beneficio es impreciso.

Este año, en medio de guerras e incertidumbre, la humanidad volvió a mirar al cielo. La misión Artemis II reavivó una idea poderosa: que somos capaces de conquistar nuevos horizontes. Nunca habíamos llevado tan lejos una tripulación ni logrado traerla de regreso sana y salva en tan poco tiempo. Un ejemplo de ambición, planificación y sincronización, atributos que hasta hace muy poco también definían nuestra política de vivienda. Qué más quisiéramos que Colombia se pareciera a Artemis II, con cifras récord, metas cumplidas y un sector avanzando con precisión.

Pero la realidad es otra. Si hoy tuviéramos que compararnos con una misión aeroespacial, nos pareceríamos más a Apolo 13. Diseñada para llegar a la Luna, pero obligada a cambiar su rumbo tras la explosión de un tanque de oxígeno en pleno trayecto. El objetivo dejó de ser avanzar y pasó a ser sobrevivir. Fue entonces cuando su comandante pronunció una frase que quedó para la historia: Houston, tenemos un problema. En el sector vivienda, hoy, también tenemos un problema.

Pocas herramientas legales reflejan tan bien el equilibrio entre alivio y responsabilidad como la insolvencia, un mecanismo excepcional que la ley diseñó para ofrecer una segunda oportunidad a quienes, por razones genuinas, no pueden cumplir con sus obligaciones y requieren una salida ordenada y digna.

Cuando funciona bien, cumple un propósito social valioso. Permite reorganizar deudas, preservar patrimonio y facilitar un nuevo comienzo. Pero cuando se utiliza de manera indebida, como está pasando, pierde su esencia y termina generando efectos contrarios a los que busca corregir. Una herramienta pensada para corregir fallas ha terminado convertida, para muchos, en un negocio.

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Washington. Allí convergen quienes hoy toman algunas de las decisiones económicas más relevantes del mundo, desde ministros de Hacienda, banqueros centrales, líderes de organismos multilaterales, académicos y empresarios. Más que una agenda, es una lectura en tiempo real del rumbo de la economía global.

Colombia recibió dos avisos por parte de Standard and Poor’s en el último año. El primero se dio en junio de 2025, coincidiendo con la equivocada decisión de suspender la regla fiscal, y el segundo llegó la semana pasada con una nueva rebaja en la calificación de nuestra deuda soberana, llevándola a un nivel de BB-, la peor calificación en 30 años. Esta segunda rebaja en la calificación soberana por parte de esta calificadora no es un accidente ni un hecho aislado. Es, más bien, consecuencia de una cadena de decisiones que han ido debilitando, poco a poco, la confianza en la capacidad del país para manejar sus finanzas públicas. El margen de error se agotó.