Los mecanismos de insolvencia cumplen una función social y económica esencial: reordenar pasivos, preservar la estabilidad de los agentes y ofrecer una segunda oportunidad a quienes enfrentan dificultades financieras. En Colombia, la normativa sobre insolvencia de personas naturales nació con las mejores intenciones, las de ofrecer una salida ordenada a los deudores con dificultades para cumplir sus obligaciones.