Es innegable que el riesgo de suplantación, particularmente para la apertura y gestión de productos y servicios financieros, continua siendo una realidad a pesar de los múltiples y muy valiosos (y cuantiosos) esfuerzos de las entidades financieras. Es por ello imperativo continuar uniendo esfuerzos en toda la cadena, entidades prestadoras de productos y servicios, consumidores y autoridades, de manera que cada uno aporte a cerrar las brechas que aprovechan los delincuentes.
En este marco, actualmente está en proceso de revisión previa por parte de la Corte Constitucional un Proyecto de Ley Estatutaria, liderado entre otros por el H.R. Duvalier Sánchez del Partido Verde, que establece medidas tendientes a “proteger a las personas del reporte negativo ante operadores de información y el cobro de obligaciones en casos de suplantación de identidad ante los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras – crediticias” y otros establecimientos comerciales. Múltiples conceptos e intervenciones de entidades públicas y privadas, además de ciudadanos interesados, fueron aportados a este proceso por la importancia que tiene dar seguridad jurídica a la protección de los derechos de los consumidores y el restablecimiento de su buen nombre, así como la prevención respecto de prácticas delictivas para generar un entorno más seguro y confiable para todos.