La infraestructura ha sido uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país, no solo por su impacto en la competitividad y la integración territorial, sino también por su capacidad para dinamizar la economía, generar empleo e impulsar encadenamientos productivos. En la inversión pública, las vigencias futuras se han consolidado como un instrumento que ha permitido garantizar y viabilizar los recursos destinados a proyectos plurianuales y estratégicos para el desarrollo del país, garantizando su correcta financiación y desarrollo, y blindándolo frente a restricciones que puedan imponer los ciclos económicos y políticos.
En el Presupuesto General de la Nación, PGN, las vigencias futuras han adquirido un papel protagónico: en la última década han representado, en promedio, cerca de 11% del presupuesto aprobado anualmente. Su uso se concentra principalmente en el sector transporte, que agrupa alrededor de 84,5% de estos compromisos para el periodo 2025-2053, seguido por defensa (4,8%) y vivienda (3,9%).