Según Fedesarrollo –uno de los centros de pensamiento más prestigiosos de América Latina– aunque existen algunas diferencias frente a la Ley de Solidaridad Sostenible presentada en días pasados por el gobierno del presidente Iván Duque, dicha reforma constituye una iniciativa ambiciosa, progresiva y bien orientada que busca preservar la sostenibilidad fiscal del país y que mejora considerablemente sus indicadores en materia de equidad. De hecho, ha quedado plasmado en distintos medios de comunicación la manera en la cual reputados economistas de distintas vertientes de pensamiento, entre los cuales están José Antonio Ocampo, Marcela Eslava, Juana Téllez, Mauricio Reina o Roberto Angulo, destacan la importancia de varios de los elementos de la Ley en términos de progresividad, pese a plantear desacuerdos en otros aspectos.

Sin embargo, la aceptación de los técnicos dista del escepticismo recibido por una parte de la opinión pública, donde algunos aprovechan el calor político del momento para abrazar discursos deliberadamente incompletos. Se habla, por ejemplo, del incremento del IVA, omitiendo por completo la devolución del mismo para las familias más vulnerables. Resulta en extremo paradójico que aquellos que dicen abanderar las causas progresistas se opongan a que el 49,7 % de los hogares colombianos de menores ingresos aumenten su poder adquisitivo. Por el contrario, con una falsa bandera de la equidad cobijan beneficios para los grupos con mayores ingresos. La conveniencia política es previsible en pleno año preelectoral, pues estas incompletas interpretaciones ganan aplausos en redes sociales, “likes” en Twitter y, por qué no, uno que otro voto de cara a las próximas contiendas electorales. Cuando reina la desinformación, también lo hace la engañosa y efímera popularidad de sus promotores.

Colombia tiene una clase empresarial sensata. Algunas agremiaciones, en su propósito de defender legítimamente los intereses de sus afiliados, han manifestado preocupaciones sobre ciertos elementos de la Ley. Sin embargo, la invitación es a que no solo se evalúen las medidas sectoriales desde el punto de vista de los tributos, sino que se pondere la importancia de la consolidación fiscal del país. Esto incluye, sin duda, la capacidad del mismo tesoro nacional de financiar las ayudas sectoriales por el lado del gasto.

Algunas voces sugieren la inconveniencia de realizar reformas estructurales en un año preelectoral. Otras recomiendan postergar dichas iniciativas. Este Gobierno, con total determinación, tomó la decisión de presentar la reforma para debate en el Congreso de la República, pensando en la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad fiscal, las familias más vulnerables y el bienestar de la Nación, aún con todos los costos asociados. El verdadero talante de un gobernante se evidencia al superponer los intereses de las próximas generaciones al de las próximas elecciones. El del presidente Iván Duque es un Gobierno que piensa en la estabilidad del país en el mediano y largo plazo y que tiene la gallardía de convertir la preocupación en propuesta.

En lo que compete a la vivienda, en particular, este sector ha estado dentro de las prioridades presupuestales del Gobierno. En efecto, con una inversión de más de $11 billones, se desplegó la ambiciosa estrategia de reactivación de los 200 mil subsidios para la compra de vivienda VIS y No VIS. Producto de ello, el sector atraviesa hoy un gran momento, con resultados históricos al cierre de 2020 y en el primer trimestre de este año, tanto en ventas de vivienda como en iniciaciones de nuevas unidades habitacionales. En la tradición de diálogo permanente con el sector, se han identificado algunos elementos de la Ley que generan preocupación, aspectos que estamos analizando desde el Gobierno Nacional y que debatiremos bajo la premisa de mantener el dinamismo de un renglón de la economía que es meritorio por la misma naturaleza de su producto, empleo y encadenamientos.

Por supuesto, el Gobierno reconoce que existen elementos dentro de la Ley que generan genuinas preocupaciones desde distintos sectores sociales, políticos y económicos y está listo para discutirlos ampliamente en el Congreso de la República, en el marco de un debate abierto, fundamentado y constructivo. Desde los distintos ministerios estaremos listos para evaluar y ponderar todos los elementos, con el fin de tomar las mejores decisiones en procura del bienestar de los colombianos. Por supuesto, desde el Ministerio de Vivienda seguiremos comprometidos con seguir consolidando al sector edificador no solo como el gran protagonista de la reactivación económica del país, sino como un poderoso instrumento de equidad y justicia social.

 

Publicada en El Espectador

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